SNAP: El Hambre Como Arma Política Contra Estados Demócratas

La Anatomía de una Jugada de Poder

Es imperativo observar las recientes maniobras en torno al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) no con la lente sentimental del bienestar social, sino a través del cristal frío y transparente de la estrategia política. La amenaza de retener la ayuda alimentaria federal a los estados—predominantemente aquellos con liderazgo demócrata—no es una simple disputa administrativa sobre el intercambio de datos. Es una declaración de guerra. Es el despliegue táctico de una necesidad humana fundamental como palanca de un federalismo coercitivo, una jugada tan audaz en su simpleza que muchos observadores parecen no ver la magnitud del problema. Se trata de sentar un precedente. La administración está probando los límites de su autoridad, utilizando un conflicto de bajo riesgo (en el gran esquema del presupuesto federal) para forjar un arma que podrá usar más tarde en batallas mucho más grandes sobre inmigración, política ambiental o salud. Esto es una apuesta para redefinir la relación entre Washington y los estados. La exigencia de datos sobre los beneficiarios de SNAP, particularmente datos que podrían revelar el estatus migratorio, es el casus belli, la justificación fabricada para un conflicto que el gobierno central siempre estuvo buscando. Pone a los gobernadores en una posición imposible, un verdadero callejón sin salida: o capitulan ante las demandas federales y traicionan la privacidad (y potencialmente la seguridad) de sus residentes, alienando a su base política, o se niegan y son marcados como los líderes que permitieron que sus ciudadanos más pobres pasaran hambre. Una trampa política perfecta. Es una jugada maestra.

El Vínculo Directo con México: La ‘Carga Pública’

Para la audiencia en México, es crucial entender que esto no es un drama interno ajeno. Esta exigencia de datos está intrínsecamente ligada a la regla de la ‘carga pública’, una política diseñada para penalizar a los inmigrantes legales que utilizan beneficios públicos. ¿Y quiénes son los más afectados? Principalmente, los inmigrantes de México y Centroamérica. Al exigir estos datos, la administración no solo busca identificar a indocumentados, sino también crear un registro de residentes legales y ciudadanos con familiares que podrían ser vulnerables. El objetivo es sembrar el miedo. Quieren que una familia de estatus mixto, donde quizás los hijos son ciudadanos estadounidenses pero los padres son residentes, tenga pánico de solicitar la ayuda alimentaria a la que sus hijos tienen derecho por ley. Están usando el hambre de un niño ciudadano para castigar o disuadir a sus padres inmigrantes. Es una forma de control social que trasciende las fronteras, creando un ambiente de terror que desincentiva la inmigración legal y la integración social. Desde México, esto se ve como lo que es: una política hostil que utiliza la burocracia para atacar a la diáspora. No es con un muro de ladrillos, sino con un muro de papeleo y miedo, y el efecto es el mismo: la exclusión.

Un Eco Histórico de Coerción

Usar el dinero federal para doblegar a los estados no es nada nuevo; es una táctica tan vieja como el propio gobierno estadounidense. El manual de operaciones está bien escrito. Basta con ver la Ley Nacional de Edad Mínima para Beber de 1984. El Congreso no prohibió directamente que los estados fijaran su propia edad para beber. Eso habría sido inconstitucional. En cambio, les ofrecieron un trago amargo: adópten la edad nacional de 21 años o pierdan el diez por ciento de sus fondos federales para carreteras. Dakota del Sur lo peleó hasta la Suprema Corte y perdió. El tribunal dictaminó que el Congreso podía usar su poder de gasto para ‘alentar’ el cumplimiento estatal. Esa delgada línea entre ‘aliento’ y ‘coerción’ es precisamente el campo de batalla de hoy. La amenaza a los fondos de SNAP es el descendiente directo de aquella amenaza, pero es mucho más visceral. Un bache en la carretera es una molestia. Un estómago vacío es una crisis existencial. Esta escalada convierte la herramienta de ‘aliento’ en una pistola cargada en la sien de los gobernadores. Para México y la comunidad migrante, esto demuestra que cuando el poder central de EE.UU. decide algo, está dispuesto a usar las herramientas más crueles para lograrlo, afectando desproporcionadamente a las minorías y a los más vulnerables, muchos de los cuales son de origen hispano.

El Verdadero Objetivo Estratégico

Creer que esto se trata únicamente de datos migratorios es leer muy mal el tablero de ajedrez. El verdadero objetivo es triple. Primero, erosionar la capacidad administrativa y la autonomía de los estados de oposición. Es una guerra de desgaste burocrático para desangrar a tus oponentes. Segundo, es una herramienta de propaganda. La narrativa es simple: ‘Los gobernadores liberales prefieren proteger a los indocumentados que alimentar a sus propios ciudadanos pobres’. Es una mentira potente que funciona políticamente. Y tercero, y lo más crucial, es establecer un dominio absoluto para futuros conflictos. Si hoy pueden usar la comida como arma, ¿qué sigue? ¿Podrían los fondos para desastres naturales estar condicionados a la adopción de ciertas políticas energéticas? Este conflicto con SNAP es el globo sonda, la prueba de concepto. Si los estados se doblegan, el precedente quedará establecido. Cada dólar de Washington vendrá con hilos invisibles, convirtiendo la ayuda federal en un garrote político. Desde la perspectiva mexicana, esto debería ser una señal de alarma. Un gobierno estadounidense que trata a sus propios estados de esta manera, con este nivel de chantaje, es un vecino impredecible y peligroso en la escena internacional, dispuesto a romper cualquier norma o acuerdo si le conviene políticamente. No están jugando para ganar el partido; están jugando para cambiar las reglas del juego para siempre.