Impuesto ‘Verde’ en Hawái: La Nueva Estafa Global al Turista

La Extorsión Hawaiana: Cómo los Gobiernos Usan el ‘Greenwashing’ para Desplumar Turistas

Hablemos claro, sin rodeos. Lo que acaba de pasar en Hawái no es una victoria para el medio ambiente; es una victoria para el bolsillo del gobierno. Los titulares te dicen que un juez federal respaldó el nuevo impuesto ‘verde’ de Hawái a turistas y pasajeros de cruceros. Los políticos y activistas probablemente se están dando palmaditas en la espalda, afirmando que están salvando las islas del “sobreturismo.” Pero miremos detrás de la cortina, ¿vale? Esto no se trata de proteger la naturaleza. Esto se trata de sentar un precedente para la extorsión legalizada, así de simple, y si crees que se va a detener en Hawái, estás soñando. Ya se está extendiendo a nivel mundial, y esta decisión judicial simplemente le echó más leña al fuego. Es la excusa perfecta para que los gobiernos nos saquen dinero a costillas de una supuesta noble causa.

La primera señal de alerta es el lenguaje que usan. Lo llaman “tasa verde,” que suena mucho mejor que “impuesto turístico” o, más precisamente, “impuesto para el fondo de sobornos del gobierno.” El término “greenwashing” existe por una razón, gente. Es cuando las empresas o los gobiernos intentan parecer ambientalmente responsables mientras que su verdadera motivación es el lucro o, en este caso, la generación de ingresos. Un análisis reciente (que, por supuesto, no tuvo mucha cobertura mediática) de impuestos similares en Europa encontró que menos del 10% de los ingresos generados realmente se destinan a proyectos ambientales. ¿El resto? Desaparece en el presupuesto general del estado para cubrir las deudas que el gobierno acumuló por no administrar bien sus finanzas. No es una solución sostenible; es un curita para la mala gestión fiscal. Y esto es importante para nosotros en México, porque si un estado de Estados Unidos lo logra, nuestros políticos lo verán como pan comido y querrán replicarlo en destinos como Quintana Roo o Baja California Sur.

El Mito del Sobreturismo: La Excusa Perfecta para los Elitistas

Abordemos de frente el argumento del sobreturismo, porque es una cortina de humo conveniente para lo que realmente está sucediendo. La narrativa es que demasiadas personas están visitando Hawái, destruyendo la belleza natural y haciendo la vida de los lugareños miserable. Si bien es cierto que la infraestructura puede verse tensionada en áreas de alta demanda, este impuesto en realidad no está diseñado para reducir el turismo; está diseñado para encarecerlo. Cuando subes el precio de algo, no necesariamente disminuyes la demanda en general; solo cambias la demografía. ¿A quién se le niega el acceso? A la familia de clase media que ahorró durante años para tomar un crucero o alojarse en un hotel modesto. ¿A quién no se le niega el acceso? A los adinerados que vuelan en jets privados y se alojan en resorts de lujo. Así que, en efecto, este impuesto de “sobreturismo” no detiene el impacto ambiental; simplemente hace que Hawái sea exclusivo para los ricos. Es elitismo envuelto en un lazo verde bonito.

El hecho de que los abogados federales inicialmente llamaron a este impuesto “extorsión ilegal” (un hecho convenientemente enterrado por la mayoría de los medios de comunicación) te dice todo lo que necesitas saber. Cuando el gobierno impone una tarifa sobre una actividad esencial—en este caso, visitar un estado—y luego promete usar ese dinero para un propósito específico (el medio ambiente) sabiendo perfectamente que probablemente se destinará a otra cosa, eso es extorsión. La decisión del juez de respaldarlo, por lo tanto, no es una señal de validación legal; es una señal de deferencia judicial hacia un gobierno que necesita desesperadamente más dinero, y este fallo les da exactamente lo que querían: una nueva fuente de ingresos con una excusa de sonido virtuoso. El precedente que sienta esto es alarmante, mucho más allá de las costas de Hawái.

El Efecto Dominó Global: De Hawái al Mundo

Los datos de entrada resaltan que Hawái está siguiendo los pasos de Grecia, Maldivas, Japón y España. Esto no es solo una coincidencia; es parte de un movimiento global coordinado por gobiernos y organismos internacionales (a menudo apoyados por ONG y organizaciones globalistas) para redefinir la conservación ambiental de una manera que genere nuevas fuentes de ingresos. Rastreemos esto hacia atrás. Durante años, los grupos ambientalistas han presionado agresivamente por impuestos al carbono y tarifas de viaje, argumentando que “los contaminadores deben pagar.” El problema, desde la perspectiva del gobierno, es que gravar a ciudadanos individuales o empresas nacionales por su huella de carbono es políticamente impopular. Pero, ¿gravar a los turistas, especialmente a los turistas extranjeros? Eso es una mina de oro política. No votan en las elecciones locales y son chivos expiatorios fáciles para los problemas locales.

Miremos el componente de los cruceros específicamente. La industria de cruceros ha sido atacada sin descanso. Si bien es cierto que los cruceros más antiguos pueden tener problemas ambientales, una parte significativa de la flota mundial ha invertido miles de millones en nuevas tecnologías, depuradores y sistemas de gestión de residuos para reducir su huella ambiental. Sin embargo, en lugar de incentivar estas mejoras, los gobiernos en Hawái y otros lugares simplemente optan por imponer una tarifa general a *todos* los pasajeros, independientemente de las emisiones reales del barco. Esto no es un ataque quirúrgico; es una recaudación de impuestos de base amplia que apunta a los pasajeros, no solo a las corporaciones. Es un ejemplo clásico de cómo los gobiernos eligen el camino de menor resistencia: sacudir al pequeño en lugar de responsabilizar a las grandes corporaciones. La indignación populista aquí está justificada, porque se siente como si el sistema estuviera manipulado contra la persona promedio que intenta pagar unas vacaciones. El juez, al apoyar esto, simplemente le dio luz verde al gobierno para hacer lo que quiera.

¿Qué Pasa Cuando el Impuesto Verde se Propaga?

Entonces, un juez federal le ha dado luz verde a este impuesto. ¿Qué pasa después? Necesitamos entender que este no es el final de la historia; es solo el principio. El precedente establecido aquí—que un estado puede imponer una tarifa a los visitantes bajo el pretexto de la protección ambiental, incluso si el propósito principal es claramente la generación de ingresos—es una herramienta poderosa para cualquier otro estado y ciudad con problemas de liquidez. Imagina esta lógica aplicada en México. El estado de Quintana Roo, que constantemente se queja de la infraestructura colapsada por el turismo masivo, podría implementar fácilmente una “tarifa de impacto ambiental” similar en Cancún o Tulum. Si Hawái lo logra, ¿por qué no México? El precedente sienta las bases para que cualquier gobierno local, ya sea en Estados Unidos o en América Latina, imponga nuevos impuestos a los turistas con la misma excusa. Esto es una pendiente resbaladiza, y acabamos de dar un duro un paso hacia abajo. (Y no olvidemos que el gobierno mexicano ya implementa impuestos turísticos, pero esta decisión judicial le da más fuerza legal para expandirlos).

Es importante comprender el panorama general aquí. Estamos presenciando la normalización de las “tasas de impacto” como fuente principal de financiación gubernamental, reemplazando los métodos de impuestos tradicionales (como el impuesto sobre la renta o el impuesto a la propiedad) que son políticamente más difíciles de aumentar. Al apuntar a los turistas, los gobiernos encuentran una manera fácil de recaudar ingresos sin enfrentar la ira de sus votantes locales. Pero no te dejes engañar; el dinero finalmente saldrá de tu bolsillo, ya sea a través de mayores costos de vacaciones o, eventualmente, a través de tarifas similares aplicadas a los propios residentes. El apetito del gobierno por nuevos impuestos es insaciable, y siempre encontrarán una nueva justificación moral (como “salvar el planeta”) para justificarlo. El luchador populista que hay en mí ve esto como un claro ataque a la libertad individual y un caso clásico de los poderosos oprimiendo a la gente común. Es una estafa, pura y simple, y debemos llamarla exactamente por lo que es: extorsión legalizada. El juez ha dado el visto bueno para que esto se propague.